Andréi Mélnichenko propone salvar a Rusia. Pero la libertad de las personas comienza con la desintegración del imperio

El 9 de julio de 2026, The Economist publicó una extensa entrevista con el multimillonario ruso Andréi Mélnichenko, preparada tras aproximadamente sesenta horas de conversaciones, así como su artículo de opinión «Por qué una Rusia fragmentada sería mala para todo el mundo». En ambos textos, uno de los mayores industriales rusos presentó su propio programa para la organización de Rusia después de la guerra.

En apariencia, este programa parece moderado. Mélnichenko propone impedir la humillación de Rusia, su aislamiento internacional total, su dependencia de China, su transformación en una fortaleza militar cerrada y su desintegración en Estados separados. En su lugar, propone conservar una Rusia unida y soberana, devolverla al sistema internacional de seguridad, restablecer las relaciones económicas con Europa, crear condiciones más previsibles para la propiedad privada y permitir que las grandes empresas participen en la definición de la futura política estatal.

En pocas palabras, su propuesta puede formularse así: Rusia debe seguir unida, conservar su territorio, su estatus internacional, su sistema industrial y sus armas nucleares, pero debe ser gobernada de una manera más racional. La burocracia estatal debe abandonar sus métodos más destructivos, el gran capital debe obtener influencia política y Occidente debe reconocer a Rusia como un participante necesario en la nueva arquitectura de seguridad.

Pero detrás de los discursos sobre la paz, la seguridad y una vida atractiva se oculta un interés mucho más concreto. Mélnichenko no propone liberar a las personas del sistema ruso, sino salvar ese sistema de una derrota militar, de la degradación económica, del colapso interno y de la absorción completa de la propiedad por parte del Estado.

No quiere conservar simplemente un país. Quiere conservar el espacio dentro del cual surgieron las fortunas colosales rusas, operan las grandes corporaciones de materias primas y se toman decisiones que determinan el destino de millones de personas sin su participación.

 

Qué defiende realmente Mélnichenko

En la construcción de Mélnichenko, el valor principal sigue siendo Rusia como Estado unificado. Solo después de conservar Rusia deberían aparecer el desarrollo económico, la seguridad, la previsibilidad y una vida más cómoda.

El orden de las prioridades tiene una importancia fundamental.

Primero se propone conservar el territorio estatal, un centro único, la soberanía internacional, la industria y la fuerza militar. Después se promete a las personas una mejora de sus condiciones de vida dentro de una forma ya preservada.

Pero no se considera otra posibilidad: quizá sea precisamente esta forma estatal la causa de que el individuo se encuentre permanentemente subordinado al territorio, al ejército, a los servicios especiales y a los intereses del poder central.

Mélnichenko no comienza con la cuestión del derecho de la persona a elegir por sí misma la organización del Estado. No analiza el derecho de las repúblicas y regiones a abandonar Rusia. No propone transferir de Moscú a los territorios el poder financiero, político y coercitivo. No cuestiona el derecho de un centro único a disponer de un espacio gigantesco que se extiende desde el mar Báltico hasta el océano Pacífico.

Mélnichenko propone hacer más razonable ese centro.

En lugar de una dictadura personalista imprevisible podría aparecer un sistema en el que las decisiones fueran tomadas por funcionarios, grandes empresarios, tecnócratas y representantes del aparato de fuerza. Podría ser económicamente más eficiente que el sistema de Putin. Podría entrar en menos conflictos con Europa, proteger mejor la propiedad y utilizar la represión con mayor cautela.

Pero eso no lo convertiría en una democracia.

El individuo seguiría sin determinar la forma del sistema. La forma del sistema sería determinada por personas que ya poseen capital, recursos administrativos y acceso al poder.

Por eso, el proyecto de Mélnichenko no es una transición de la dictadura a la libertad. Es una propuesta para sustituir una dictadura personal por una oligarquía más racional.

 

Por qué el oligarca ruso ha decidido hablar precisamente ahora

Antes del inicio de la guerra a gran escala, la gran propiedad rusa existía simultáneamente dentro de dos sistemas.

Rusia era el lugar donde se obtenían recursos, empresas, contratos públicos y beneficios extraordinarios. Occidente era el lugar donde se conservaban los bienes, vivían las familias, se garantizaba la protección jurídica del capital y se aseguraba la seguridad personal.

Los multimillonarios rusos aprovechaban las ventajas de una economía rusa centralizada y opaca, pero situaban una parte importante de su propia vida fuera del Estado que les había ayudado a enriquecerse.

Después de 2022, este modelo se derrumbó. Las sanciones occidentales limitaron el acceso a la propiedad y a la infraestructura internacional. Al mismo tiempo, el Estado ruso comenzó a redistribuir de manera más activa los activos privados utilizando la fiscalía, los tribunales y la presión administrativa.

Mélnichenko descubrió que ni una fortuna inmensa ni las antiguas relaciones garantizaban la seguridad de la propiedad. The Economist también describió el intento de la fiscalía rusa de conseguir la confiscación de activos vinculados con él.

Por eso, su intervención no debe considerarse un análisis neutral del interés público, sino una propuesta política formulada por un gran propietario.

• A Occidente le dice: no destruyáis Rusia, porque un Estado unificado y administrado racionalmente es más seguro que un colapso incontrolado.
• Al poder ruso le dice: no destruyáis el gran capital privado, porque sin empresarios, tecnologías y gestión profesional el Estado llegará a una catástrofe económica.

 

Propone presentar a su propia persona y a los demás grandes propietarios como una fuerza capaz, al mismo tiempo, de frenar los extremos de la dictadura estatal y conservar Rusia dentro de sus fronteras actuales.

Es un intento de cerrar un nuevo pacto.

El gran capital reconoce la necesidad de una Rusia fuerte, de conservar su territorio y su condición de sujeto internacional. A cambio, el Estado garantiza al gran capital una propiedad protegida y una participación en el gobierno.

En este pacto, la persona vuelve a estar ausente.

 

Por qué la desintegración es especialmente peligrosa para el gran capital ruso

En el razonamiento de Andréi Mélnichenko, la desintegración de Rusia se presenta ante todo como una amenaza internacional. Habla de posibles conflictos en torno a nuevas fronteras, de la lucha por los recursos naturales, de la ruptura de las cadenas de producción y del riesgo de perder el control unificado sobre el arsenal nuclear. Estos temores no pueden considerarse completamente inventados: la desintegración de un gran Estado exigiría realmente un complejo reparto de competencias, propiedad, deudas e infraestructuras. Sin embargo, en la posición de Mélnichenko existe otro nivel del que habla mucho menos. La desintegración de Rusia representa una amenaza directa para el sistema de propiedad dentro del cual surgió y continúa existiendo su propia fortuna.

Los mayores capitales rusos no se formaron simplemente en el mercado ni en condiciones de economías regionales independientes entre sí. Surgieron dentro de un único Estado centralizado en el que Moscú controlaba las reglas de la privatización, el acceso a los activos de materias primas, la infraestructura de exportación, las tarifas ferroviarias, la energía, la fiscalidad y las relaciones de las empresas con las estructuras de fuerza. Incluso las compañías cuyas principales plantas y yacimientos se encuentran a miles de kilómetros de la capital están integradas jurídica, financiera y políticamente en un sistema administrado desde el centro federal.

Para un gran propietario, esta construcción ofrece una ventaja evidente. No necesita negociar por separado con cada región en cuyo territorio se extraen materias primas, pasa una línea ferroviaria o se encuentra una instalación industrial. Las reglas principales se establecen en el nivel federal. Moscú determina el régimen fiscal, las condiciones de utilización del subsuelo, la política de exportación, las tarifas de los monopolios naturales y el grado de autonomía permitido a las autoridades regionales. Si una sociedad local exige revisar la distribución de los ingresos o aumentar las compensaciones medioambientales, el centro federal puede limitar esas exigencias mediante instrumentos administrativos, financieros o políticos.

Esto no significa que los oligarcas rusos controlen completamente Moscú. Con Putin, la dependencia se invirtió: ahora el propio Estado puede confiscar activos, cambiar las reglas u obligar al propietario a financiar proyectos necesarios para el poder. Pero incluso dentro de este sistema, el gran capital sigue existiendo dentro de un único espacio político. Su seguridad depende de las relaciones con un centro único, no del consentimiento de decenas de territorios autónomos.

La desintegración de Rusia destruiría esta construcción. En lugar de un solo Estado podrían aparecer varios países, cada uno con su propio gobierno, parlamento, sistema fiscal, tribunales, legislación medioambiental y concepción de una distribución aceptable de los ingresos. Una empresa que hoy forma parte de una corporación rusa podría, tras un cambio de fronteras, quedar situada en el territorio de un nuevo Estado. Una ruta ferroviaria hacia un puerto de exportación podría atravesar varias jurisdicciones. Un yacimiento, una planta de transformación y una terminal de exportación podrían quedar separados por fronteras estatales.

Para las corporaciones, esto significaría no solo gastos adicionales y una logística más complicada. El cambio principal sería político: los antiguos derechos de propiedad dejarían de considerarse incondicionales.

Los nuevos Estados comenzarían inevitablemente a revisar las relaciones entre el territorio, los recursos y los propietarios. Surgiría la pregunta de por qué los ingresos procedentes de la extracción de carbón, gas, metales o de la producción de fertilizantes se concentraron durante décadas en empresas dirigidas desde Moscú, mientras que las regiones de extracción recibían solo una parte limitada de los impuestos y no podían determinar por sí mismas las condiciones de explotación de sus recursos. Las autoridades locales podrían exigir una mayor participación en los ingresos, modificaciones de los tipos impositivos, la creación de participaciones públicas en las empresas de materias primas o la celebración de nuevos acuerdos de licencia.

El origen de la propiedad se convertiría en un objeto separado de revisión. Una parte importante de los mayores activos rusos fue privatizada en las décadas de 1990 y 2000 en condiciones de instituciones débiles, operaciones opacas, protección política y acceso desigual a la propiedad pública. Mientras exista la Federación de Rusia, la continuidad jurídica del Estado protege los resultados de esa privatización. Aunque determinadas operaciones susciten dudas sociales, el propietario puede remitirse a las leyes rusas, a las decisiones de los tribunales rusos y al reconocimiento oficial de sus derechos.

Tras la aparición de nuevos Estados, esa continuidad dejaría de ser evidente. Sus parlamentos y tribunales podrían preguntarse si están obligados a reconocer automáticamente todas las decisiones del antiguo poder federal. Podrían iniciar una revisión de las operaciones de privatización, de las licencias de explotación del subsuelo, de los beneficios fiscales y de las transferencias de instalaciones de infraestructura. En algunos casos, la propiedad se conservaría. En otros, podrían exigirse pagos adicionales, participación pública o incluso la devolución de determinados activos.

La cuestión medioambiental sería igualmente importante. Muchas regiones mineras e industriales de Rusia soportan graves consecuencias de la explotación de los recursos naturales: contaminación del aire y del agua, destrucción del suelo, acumulación de residuos, deterioro de la salud de la población y dependencia de la economía local respecto de un único empleador. En un sistema centralizado, las reclamaciones medioambientales suelen ceder ante los intereses de las grandes empresas y del presupuesto federal. Los nuevos Estados podrían imponer requisitos mucho más estrictos para la restauración de los territorios y la compensación de los daños acumulados.

Así, la desintegración de Rusia no crearía para el gran capital únicamente el riesgo de perder una parte del mercado. Significaría la pérdida de un espacio jurídico y político único que permitía administrar los activos conforme a reglas comunes y resolver las cuestiones principales mediante las relaciones con Moscú.

Las empresas cuya actividad depende de largas cadenas de producción serían especialmente vulnerables. Las compañías de Mélnichenko están vinculadas a la extracción de carbón, la producción de fertilizantes, la energía, el transporte ferroviario y las exportaciones a través de puertos marítimos. Este modelo es eficiente precisamente porque todas sus partes se encuentran dentro de un mismo Estado o están sometidas a reglas federales coordinadas. Después de la desintegración, cada eslabón podría quedar sujeto a una fiscalidad distinta, a una regulación estatal separada y a una negociación política propia.

Los nuevos países también podrían adoptar actitudes diferentes respecto de las sanciones occidentales y de las exigencias internacionales. Algunos intentarían integrarse rápidamente en el sistema económico europeo y distanciarse de los antiguos propietarios rusos. Otros tratarían de conservar las empresas existentes y los puestos de trabajo, pero exigirían cambios en la estructura de propiedad. Otros podrían utilizar los activos como instrumento de política interior y nacionalizarlos. Mélnichenko y los demás grandes propietarios ya no tendrían un solo centro capaz de garantizar condiciones uniformes en todo el espacio de la antigua Rusia.

Por eso, su defensa de la integridad territorial no puede explicarse únicamente por la preocupación por la seguridad mundial. Conservar una Rusia unida significa conservar al mismo tiempo el mapa económico sobre el que se construyó el gran capital ruso. Significa mantener la infraestructura común, el reconocimiento de los antiguos derechos de propiedad, el mercado único y la posibilidad de negociar con un solo poder estatal.

Esto no significa que todo gran empresario pretenda conscientemente conservar la dictadura. Para las empresas, un Estado previsible, una propiedad protegida y un mercado unificado constituyen realmente intereses racionales. Pero el interés del propietario no debe presentarse automáticamente como el interés de la sociedad.

Para el propietario de una corporación, la desintegración significa incertidumbre jurídica, revisión de activos y necesidad de negociar con varios Estados. Para los habitantes de una región rica en recursos, el mismo proceso puede significar la posibilidad de decidir por primera vez quién posee las riquezas naturales locales, qué parte de los ingresos debe recibir la región y qué obligaciones tiene la empresa frente a la población.

Es precisamente aquí donde el interés de Mélnichenko diverge del interés de las personas.

Propone conservar la unidad del Estado porque dentro de un Estado unificado se conserva la estructura habitual de la propiedad. Las sociedades regionales reciben la promesa de una administración más eficiente, pero no el derecho a revisar las relaciones que se han formado entre el territorio, los recursos y los propietarios.

Por eso, el temor del gran capital ruso ante la desintegración tiene una base completamente material. No se trata solo de inestabilidad y fronteras. Se trata de que, junto con la Federación de Rusia, podría desaparecer el sistema político y jurídico que convirtió el control de los recursos naturales de territorios inmensos en fortunas privadas de unas pocas decenas de personas.

 

Por qué el problema de Rusia no termina con Putin

Explicar la catástrofe rusa por la personalidad de Vladímir Putin resulta políticamente cómodo. Si la causa de la guerra, de la represión y de la agresión exterior es una sola persona, entonces, tras su salida, bastaría con sustituir a la dirección, celebrar elecciones, liberar a los presos políticos, suavizar la política exterior y devolver gradualmente al país a una vida normal. Con este enfoque, la propia Rusia se conserva casi sin cambios y la responsabilidad de lo ocurrido se atribuye a un círculo reducido de personas que habrían capturado temporalmente el Estado.

Pero Putin no creó el sistema imperial ruso. Recibió un Estado ya adaptado a la concentración del poder y eliminó de manera sistemática las últimas limitaciones que impedían utilizar plenamente sus posibilidades.

Cuando llegó al poder, Rusia ya era un país territorialmente enorme, políticamente heterogéneo y económicamente desigual, cuya administración estaba concentrada en un único centro. La estructura federal existía formalmente, pero la autonomía de las regiones dependía no de competencias constitucionales protegidas, sino de la correlación de fuerzas entre Moscú y las élites locales. La mayor parte de los recursos financieros, la política exterior, el ejército, los servicios especiales, la fiscalía, los principales tribunales y los medios nacionales de comunicación estaban controlados por el poder federal.

Una construcción de este tipo creaba desde el principio las condiciones para una restauración autoritaria. Cualquier dirigente que obtuviera el control de Moscú conseguía al mismo tiempo la posibilidad de influir sobre todo el país mediante transferencias presupuestarias, estructuras de fuerza, legislación federal y una vertical administrativa basada en nombramientos. Para establecer un poder personal no era necesario crear el mecanismo estatal desde cero. Bastaba con subordinar las instituciones centrales ya existentes y eliminar gradualmente los contrapesos regionales, políticos y sociales.

Eso fue precisamente lo que hizo Putin. No inventó la dependencia de las regiones respecto del presupuesto federal, pero la convirtió en un instrumento de subordinación política. No creó los servicios especiales rusos, pero los transformó en la base del régimen. No inventó la idea de que el territorio estatal era un valor incondicional, pero convirtió el miedo a la desintegración en una de las principales justificaciones de la centralización. No creó la costumbre de situar los intereses del Estado por encima de los derechos humanos, pero llevó esa lógica hasta la guerra, la represión masiva y la destrucción efectiva de la competencia política.

Por eso, después de la salida de Putin no bastará con sustituir al presidente y modificar la retórica oficial. Si se conserva la antigua organización del Estado, el siguiente dirigente recibirá los mismos instrumentos: un presupuesto centralizado, regiones dependientes, un sistema unificado de servicios especiales, una fiscalía subordinada, tribunales controlados, control federal sobre la televisión y la posibilidad de utilizar el ejército sin un verdadero control público.

Durante un primer periodo, el nuevo régimen podría parecer mucho más moderado. Podría liberar a presos, permitir una parte de los medios independientes, restablecer las relaciones con Europa y llevar a cabo reformas políticas limitadas. En la sociedad, esto sería percibido como el regreso de la libertad. Pero el mecanismo estatal capaz de abolir esa libertad permanecería prácticamente intacto.

Después surgiría inevitablemente una crisis. Una región exigiría una mayor autonomía fiscal. Una república nacional plantearía la cuestión de ampliar sus competencias políticas. Un territorio rico en recursos reclamaría conservar dentro de la región una mayor parte de los ingresos. Podría aparecer una disputa sobre la propiedad, la lengua, las fronteras o el derecho a abandonar el Estado.

En ese momento, incluso un gobierno relativamente liberal se enfrentaría a una elección: reconocer el derecho del territorio a determinar por sí mismo su futuro o conservar por la fuerza la integridad de Rusia. Si la conservación del Estado ha sido proclamada de antemano como el valor supremo, el poder central volverá a limitar las libertades. Primero, bajo el pretexto de una estabilización temporal, se reforzarán los servicios especiales y se restringirá la política regional. Después aparecerán prohibiciones contra partidos y organizaciones acusados de separatismo. Más tarde, la presión se extenderá a periodistas, activistas y opositores políticos.

El autoritarismo puede regresar así no porque necesariamente llegue al poder un nuevo Putin, sino porque la propia construcción estatal empujará a cualquier dirigente hacia la centralización. Para mantener un territorio inmenso compuesto por regiones con intereses, recursos e identidades diferentes, Moscú volverá a utilizar la dependencia financiera, la presión administrativa y el aparato coercitivo.

El tamaño de un Estado no crea por sí mismo una dictadura. Los grandes países pueden ser democráticos si sus regiones poseen competencias protegidas, los tribunales son independientes, las estructuras de fuerza están controladas por la sociedad y el derecho de los territorios a adoptar una decisión política autónoma no se considera un delito contra el Estado. El problema de Rusia no reside únicamente en su tamaño, sino en la combinación de un territorio inmenso con un centro imperial que no reconoce a sus partes una plena subjetividad política.

El sistema ruso exige subordinación a las regiones, pero lo llama federación. Concentra el dinero en Moscú y después presenta su devolución a los territorios como ayuda del centro federal. Priva a las sociedades locales de la posibilidad de controlar las estructuras de fuerza y luego afirma que una administración unificada es necesaria para garantizar la seguridad. Prohíbe discutir la salida del Estado y presenta la propia existencia del país como expresión de la unión libre de sus pueblos.

En tales condiciones, un cambio de dirigente puede modificar el grado de violencia, pero no elimina la causa de su regreso.

Para que la libertad sea duradera, no basta con celebrar elecciones en Moscú. Es necesario privar al centro moscovita de la posibilidad de anular su resultado para todo el país. No basta con sustituir a la dirección de los servicios especiales. Es necesario dividir el poder coercitivo y someterlo a sociedades autónomas. No basta con proporcionar más dinero a las regiones. Es necesario reconocer su derecho a determinar por sí mismas sus impuestos, sus leyes y la forma política de su existencia.

Mientras Rusia se conserve como un espacio imperial unificado, cualquier democratización seguirá siendo reversible. El poder central puede renunciar temporalmente a una parte de sus competencias, pero en el momento de una crisis volverá a exigir su recuperación en nombre de la conservación del territorio.

Por eso, el problema de Rusia no se reduce a Putin. Putin es el producto más destructivo del sistema, pero no es su única forma posible. Después de él podría aparecer un dirigente más instruido, menos agresivo y exteriormente más liberal. Sin embargo, si recibe el mismo aparato centralizado y la obligación de mantener el mismo imperio, con el tiempo se encontrará ante las mismas tentaciones políticas.

Mientras se conserve un centro moscovita único con el derecho exclusivo a disponer de las regiones, del dinero y de la fuerza, también se conservará el mecanismo de restauración de la dictadura.

• No es necesario eliminar únicamente al gobernante.
• Es necesario eliminar la propia construcción del poder que permite a un solo gobernante someter a millones de personas y a decenas de territorios.

 

La soberanía rusa no es la libertad de la persona

¿Qué soberanía propone conservar Mélnichenko?

Uno de los conceptos centrales en el razonamiento de Andréi Mélnichenko es la soberanía de Rusia. Parte de la idea de que el país debe conservar la capacidad de determinar por sí mismo su política exterior, su organización interna, su modelo económico y sus relaciones con otros Estados. Considera cualquier limitación importante de esa autonomía como una amenaza no solo para Rusia, sino también para la estabilidad internacional.

A primera vista, esta posición parece lógica. La soberanía constituye realmente una de las bases del orden internacional: un Estado no debe encontrarse bajo la administración directa de otro país y sus decisiones políticas no deben ser dictadas desde el exterior.

Pero en el caso de Rusia surge una cuestión fundamental: ¿a quién pertenece realmente esa soberanía?

Uno de los conceptos centrales en el razonamiento de Andréi Mélnichenko es la soberanía de Rusia. Por ella entiende la capacidad del Estado para determinar autónomamente su organización interna, su política económica, su estrategia militar y sus relaciones con otros países. Desde este punto de vista, cualquier limitación seria de las posibilidades de Moscú se percibe como un intento de privar a Rusia de su condición de sujeto político y convertirla en un territorio dependiente cuyas decisiones serían tomadas desde el exterior.

Esta comprensión de la soberanía corresponde a la lógica habitual de las relaciones internacionales, pero no responde a la pregunta principal: quién obtiene dentro del Estado el derecho a tomar esas decisiones autónomas. La independencia de un país respecto de una administración exterior todavía no significa que sus habitantes determinen libremente la política estatal. En el sistema ruso, la soberanía no pertenece a la sociedad ni al conjunto de las regiones, sino al poder central, que habla en nombre de todo el país y prácticamente no está limitado desde abajo.

Moscú exige a otros Estados que reconozcan las fronteras rusas, los intereses militares de Rusia y su derecho a elegir por sí misma su orientación de política exterior. Al mismo tiempo, el centro federal no reconoce un derecho comparable a los territorios que forman parte de Rusia. Tartaristán, Bashkortostán, Sajá, Buriatia, Carelia, Chechenia, la región de Kaliningrado y las regiones de Siberia y del Lejano Oriente no pueden revisar autónomamente la naturaleza de sus relaciones con Moscú, modificar el volumen de competencias transferidas al centro ni plantear la creación de su propio Estado.

Incluso el debate público sobre la salida de una región de Rusia se considera no una posición política admisible, sino una amenaza contra la integridad territorial. Esto significa que el derecho de autodeterminación solo se reconoce a Rusia como Estado unificado, pero no a las sociedades que ese Estado reúne. El centro federal puede exigir libertad frente a la injerencia exterior, mientras que los territorios no pueden exigir libertad frente a la injerencia del propio centro federal.

Esta organización no puede considerarse un sistema de competencias acordadas voluntariamente. En una verdadera federación, el poder central y los poderes regionales poseen competencias propias y protegidas, y sus relaciones están reguladas no por la voluntad política de la capital, sino por mecanismos jurídicos estables. En Rusia, los límites de la autonomía regional son definidos en la práctica por Moscú. El poder federal controla los principales flujos financieros, las estructuras de fuerza, la legislación general del Estado y una parte considerable de la política de nombramientos en las regiones. Si los intereses de un territorio entran en conflicto con los intereses del centro, la región casi no dispone de instrumentos autónomos de defensa.

Por eso, la soberanía rusa está organizada como una vertical. En su cúspide se encuentra el poder federal, que posee el derecho a hablar en nombre de todo el país. Por debajo se encuentran las regiones, cuya autonomía está limitada por las decisiones del centro. Más abajo todavía se encuentra la persona, que prácticamente no controla ni el sistema federal ni el sistema regional de poder.

En una construcción de este tipo, la independencia del Estado frente al mundo exterior puede combinarse con la dependencia política total de su población. Rusia puede tomar por sí misma decisiones internacionales, mantener un ejército, controlar los recursos naturales y desarrollar su propia política exterior, pero esto no dice nada sobre la capacidad de los ciudadanos para cambiar el poder, influir en el presupuesto, controlar los órganos coercitivos o determinar la forma del Estado.

Para la persona no solo importa si su país está subordinado a otros Estados. Es igualmente importante saber si el propio Estado está subordinado a la voluntad de la sociedad. Cuando el poder central no depende de la elección real de los ciudadanos, el fortalecimiento de la soberanía estatal amplía ante todo las posibilidades de ese poder. Este obtiene más libertad frente a las limitaciones exteriores, pero la persona no obtiene más libertad frente al Estado.

Precisamente por eso, el concepto de soberanía se ha convertido en un instrumento conveniente para la élite rusa. Bajo su protección pueden unirse los intereses del poder, del aparato coercitivo y del gran capital. El Estado conserva el control sobre el territorio, los recursos, el ejército y la política internacional. Los grupos políticos y económicos vinculados con él conservan el acceso a la propiedad, a la influencia y a la distribución de los flujos financieros. Al mismo tiempo, la autonomía de las regiones y de los ciudadanos puede seguir siendo mínima.

Las propuestas de Mélnichenko encajan por completo en esta lógica. Habla de la necesidad de conservar Rusia como un centro de poder autónomo, pero no propone modificar la distribución de la soberanía dentro de ella. En su programa no existe el derecho de las regiones a elegir por sí mismas su forma estatal, no existe la posibilidad de revisar sus relaciones con Moscú y no existe ningún mecanismo que permita a los territorios rechazar las decisiones del centro federal. La soberanía sigue perteneciendo a Rusia como Estado unificado y, en la práctica, a quienes controlan las instituciones centrales.

Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta cómo ha utilizado el poder ruso el concepto de soberanía durante las últimas décadas. Bajo el pretexto de proteger al país de la influencia exterior, se restringió la actividad de las organizaciones independientes, se persiguió a los opositores políticos, se redujo la libertad de los medios de comunicación y se destruyeron los últimos elementos de autonomía política regional. Cualquier actividad que escapara al control estatal podía presentarse como resultado de una injerencia extranjera.

Al mismo tiempo, Moscú exigía que se respetara la elección rusa en política exterior, pero no reconocía el mismo derecho a los Estados vecinos. Ucrania, Georgia y otros países solo podían ser considerados soberanos mientras sus decisiones no contradijeran los intereses de Rusia. En cuanto intentaban salir del espacio de influencia ruso, Moscú comenzaba a considerar su elección como una amenaza contra su propia seguridad.

Como resultado aparece un modelo unilateral. Rusia exige que otros países no intervengan en sus asuntos, pero considera admisible limitar la elección de sus vecinos. El centro federal reclama libertad frente a la presión exterior, pero no concede esa libertad a sus propias regiones. El Estado afirma poseer el derecho a determinar por sí mismo su futuro, pero no reconoce ese derecho a las distintas sociedades ni a las personas.

Por eso, el debate sobre la conservación de la soberanía rusa no puede separarse de la pregunta sobre su verdadero titular. Si la soberanía pertenece al centro moscovita, conservarla significa conservar el poder de Moscú sobre las regiones y la población. Si, por el contrario, se parte de la idea de que las personas son la fuente del poder, entonces deben poder cambiar no solo a los dirigentes, sino también la propia forma del Estado en el que viven.

En ese caso, las sociedades regionales deben disponer del derecho a definir por sí mismas el volumen de competencias del centro, administrar una parte importante de sus propios recursos y decidir si desean conservar las relaciones actuales con Moscú. Sin esto, la soberanía sigue siendo no el derecho de las personas a gobernar su propia vida, sino el derecho del Estado central a gobernar a las personas.

Mélnichenko defiende la autonomía de Rusia en el mundo exterior, pero no explica por qué esa autonomía debería pertenecer precisamente a un centro moscovita único. Exige que se reconozca el derecho de Rusia a determinar su propio futuro, pero no extiende ese derecho a los territorios y a las sociedades de los que Rusia está compuesta.

Por eso, su propuesta de conservar la soberanía significa en la práctica conservar la distribución actual del poder. Rusia sigue siendo autónoma respecto de otros Estados, mientras que las regiones y las personas siguen siendo dependientes respecto de Moscú.

 

Por qué Mélnichenko considera necesario conservar las armas nucleares rusas

El lugar que ocupan las armas nucleares en el razonamiento de Andréi Mélnichenko es especialmente revelador. Al considerar una posible desintegración de Rusia, advierte que la desaparición de un Estado unificado podría provocar una lucha por el control del arsenal nuclear, de la infraestructura militar, de los recursos naturales y de las nuevas fronteras. De esta lógica se desprende que mantener a Moscú como único centro de mando de las fuerzas nucleares le parece una opción más segura que la aparición de varios Estados en el territorio de la actual Federación de Rusia.

El peligro de un reparto incontrolado del arsenal nuclear existe realmente. La desintegración de un Estado que posee miles de ojivas, sus vectores, empresas del complejo nuclear y enormes reservas de materiales fisibles exigiría una operación internacional de extraordinaria complejidad. Sin embargo, la existencia de este problema no significa en absoluto que la única solución deba consistir en dejar las armas nucleares en manos del siguiente gobierno de Moscú.

Mélnichenko propone en realidad conservar la antigua construcción: una Rusia unificada seguiría poseyendo el arsenal nuclear, pero este sería administrado por un poder más racional, previsible y capaz de llegar a acuerdos. Sin embargo, no explica por qué un Estado que utilizó el chantaje nuclear para cubrir una guerra de conquista debería conservar automáticamente, después del final de esa guerra, todo el conjunto de capacidades de una superpotencia nuclear.

Desde hace mucho tiempo, las armas nucleares rusas no cumplen únicamente una función defensiva. Se han convertido en un instrumento político que permitió a Moscú librar una guerra convencional contra un Estado más débil y, al mismo tiempo, disuadir la posible intervención de países capaces de detener la agresión. Los dirigentes rusos amenazaron con una escalada no porque Rusia hubiera sido atacada por una potencia nuclear, sino porque intentaban limitar el volumen de ayuda a Ucrania y aumentar el coste de cualquier intervención exterior.

En este sentido, la disuasión nuclear fue utilizada con fines ofensivos. El arsenal nuclear no protegía el territorio ruso frente a una invasión, sino la libertad del poder ruso para hacer la guerra más allá de sus propias fronteras internacionalmente reconocidas. Precisamente la posesión de ese arsenal permitía al Kremlin contar con que los demás Estados se verían obligados a tener en cuenta constantemente el riesgo de escalada y, por tanto, no podrían utilizar todos los medios disponibles para defender a Ucrania.

Después de esto, ya no puede partirse de la hipótesis de que el problema reside únicamente en la personalidad de Putin. No existe ninguna razón para creer que transferir las mismas armas al siguiente gobierno moscovita eliminaría automáticamente la amenaza. El nuevo régimen podría ser más moderado, más racional y estar más interesado en cooperar con Europa. Pero el arsenal nuclear conservado seguiría siendo un instrumento de presión que podría volver a utilizarse, durante la siguiente crisis política, para proteger una agresión exterior o coaccionar a los Estados vecinos.

La pregunta debe formularse de otra manera. No por qué sería peligroso perder el control unificado de Moscú sobre las armas nucleares, sino por qué Moscú debería conservar esas armas después de que el Estado ruso las utilizara como cobertura para destruir Ucrania y como amenaza contra todo el orden europeo de seguridad.

La conservación del estatus nuclear ruso se presenta con frecuencia como una condición de estabilidad. Sin embargo, para los países vecinos, la existencia de un arsenal inmenso en manos del Estado ruso se convirtió precisamente en una fuente permanente de inestabilidad. Rusia obtuvo la posibilidad de combinar una agresión convencional con la amenaza de una escalada catastrófica. Como resultado, la seguridad de Moscú quedó situada de hecho por encima de la seguridad de todos los Estados que la rodean.

Por eso, la desintegración de Rusia no debe ir acompañada de un reparto mecánico de las armas nucleares entre los nuevos Estados. Ningún nuevo país debe recibir automáticamente ojivas, misiles, bombarderos estratégicos o instalaciones del complejo nuclear por el mero hecho de encontrarse en su territorio. Una herencia de este tipo crearía realmente una amenaza de proliferación nuclear y aumentaría el riesgo de conflictos entre los Estados sucesores.

La alternativa debe ser un desarme bajo control internacional. Las instalaciones nucleares, las ojivas, los vectores y los materiales fisibles deben ser colocados bajo el control conjunto de una coalición internacional con participación de los Estados europeos, Estados Unidos, las organizaciones internacionales competentes y los representantes legítimos de los nuevos Estados. Después del inventario deberá comenzar un proceso verificable de retirada de servicio de los armamentos, desmantelamiento de los vectores y destrucción o tratamiento seguro de los materiales nucleares.

Una operación de este tipo sería técnicamente compleja, costosa y prolongada. Pero la dificultad de la tarea no es un argumento a favor de conservar la amenaza. Tras la desintegración de la Unión Soviética, el mundo ya tuvo que determinar el destino de las armas nucleares que quedaron en el territorio de varios nuevos Estados. Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán renunciaron al arsenal soviético desplegado en su territorio y se convirtieron en Estados no nucleares.

La posterior violación por parte de Rusia de sus compromisos con Ucrania demostró la debilidad de un sistema basado únicamente en garantías políticas. Por eso, en el futuro no bastará con exigir a los nuevos Estados que renuncien a las armas nucleares a cambio de nuevas promesas de seguridad. Serán necesarias garantías internacionales reales, una presencia militar permanente de los aliados allí donde sea necesaria, mecanismos convencionales de defensa colectiva y consecuencias automáticas por la violación de los acuerdos.

Sin embargo, la traición rusa a las garantías anteriores no demuestra que el arsenal nuclear ruso deba conservarse. Demuestra, por el contrario, que no puede entregarse una vez más tal concentración de poder militar a un solo centro moscovita con la esperanza de que el siguiente dirigente sea más responsable que el anterior.

En este caso, las armas nucleares deben considerarse no una herencia inviolable de Rusia, sino una parte del patrimonio del Estado agresor cuyo destino debe determinarse junto con sus deudas y sus obligaciones internacionales. El arsenal ruso posee un enorme valor material. Su desmantelamiento, el tratamiento de los materiales nucleares, la compra de determinados componentes y la financiación de su eliminación segura pueden integrarse en un sistema general de liquidación con los Estados a los que Rusia causó daños.

La comunidad internacional tendría interés en comprar y retirar de servicio las armas nucleares rusas, porque esta solución reduciría al mismo tiempo la amenaza mundial y crearía una fuente para cubrir las obligaciones de Rusia. Las cantidades correspondientes podrían imputarse no en beneficio del Estado ruso ni de sus antiguos propietarios, sino directamente al pago de deudas y reparaciones.

En primer lugar, debe tratarse de la deuda con Ucrania. Rusia destruyó ciudades ucranianas, infraestructuras, empresas, el sistema energético y el capital humano. Por eso, el valor de los materiales nucleares, los vectores, las instalaciones y la infraestructura vinculada que se transfieran bajo control internacional debe reducir no las obligaciones internas rusas, sino la cantidad que Rusia y sus Estados sucesores están obligados a pagar a Ucrania.

Más adelante, este mecanismo deberá ampliarse a todas las deudas internacionales reconocidas de Rusia: compensaciones a otros Estados afectados, reclamaciones de particulares y empresas, daños medioambientales, costes del desminado, restablecimiento de la seguridad y otras obligaciones establecidas mediante decisiones internacionales.

Así, las armas nucleares no deben seguir siendo el símbolo de una grandeza rusa conservada. Deben convertirse en una parte de la liquidación de las consecuencias de la política rusa. En lugar de transferir el arsenal al siguiente gobierno de Moscú, es necesario retirarlo gradualmente, desmantelarlo e imputar su valor a las deudas del Estado que utilizó la amenaza nuclear como cobertura para la guerra.

Mélnichenko habla del futuro de Rusia, pero guarda silencio sobre sus deudas con otros países

El segundo problema fundamental del proyecto de Andréi Mélnichenko reside en la propia formulación de la cuestión. Razona sobre el futuro de Rusia después de la guerra como si la tarea principal de la comunidad internacional fuera garantizar su seguridad, preservar la integridad del Estado y devolver el país a la economía mundial. Le preocupa cómo evitar la dependencia de Rusia respecto de China, cómo impedir su colapso interno, cómo preservar su soberanía y de qué manera integrar a Moscú en una nueva arquitectura europea de seguridad.

Pero antes de discutir las garantías destinadas a la futura Rusia, es necesario determinar de qué manera responderá por los daños que ya ha causado. El orden de posguerra no puede comenzar protegiendo al Estado agresor frente a las consecuencias de sus propios actos. Debe comenzar con el restablecimiento de los derechos de los países y de las personas que sufrieron las políticas rusa y soviética.

La obligación más grande y urgente es la deuda con Ucrania. Rusia destruyó viviendas, empresas, centrales eléctricas, ferrocarriles, puertos, puentes, hospitales, escuelas e infraestructuras agrícolas. Sin embargo, la destrucción física de los bienes representa solo una parte de los daños. La guerra provocó la muerte y las heridas de personas, el desplazamiento masivo de la población, la pérdida de empleos, la paralización de la producción, la reducción de los ingresos públicos, la destrucción del sistema educativo y un deterioro a largo plazo del potencial demográfico y económico de Ucrania.

Según una evaluación conjunta del Gobierno de Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la ONU, a 31 de diciembre de 2025 los daños físicos directos ya superaban los 195.000 millones de dólares, las pérdidas económicas alcanzaban aproximadamente los 667.000 millones de dólares y las necesidades de recuperación y reconstrucción para los siguientes diez años se estimaban en casi 588.000 millones de dólares. Estos cálculos abarcan solo un periodo determinado de la guerra y no constituyen la suma definitiva de la responsabilidad rusa.

A los costes de reconstrucción deben añadirse las reclamaciones individuales de ciudadanos y empresas, las compensaciones por los bienes perdidos, la muerte, las lesiones y la discapacidad, los gastos de asistencia médica y psicológica, el desminado, la restauración medioambiental, el regreso de las personas desplazadas, los ingresos perdidos y los costes adicionales que Ucrania deberá asumir para garantizar su seguridad después de la guerra. Por eso, el volumen final de las obligaciones rusas puede medirse realmente no en cientos de miles de millones, sino en billones de euros. Sin embargo, la cantidad exacta debe ser determinada no mediante un eslogan político, sino por un sistema internacional completo de evaluación de daños.

Ese sistema ya está en proceso de formación. La Asamblea General de la ONU reconoció la necesidad de extraer consecuencias jurídicas de los actos internacionalmente ilícitos de Rusia, incluida la reparación de los daños, y recomendó crear un mecanismo internacional de compensación. El Consejo de Europa estableció el Registro de Daños para Ucrania y posteriormente comenzó a formar una Comisión Internacional de Reclamaciones, que deberá evaluar las solicitudes presentadas y determinar las cantidades de compensación correspondientes. En junio de 2026 ya se habían presentado al Registro más de 165.000 reclamaciones.

Esto significa que los pagos a Ucrania no pueden considerarse una ayuda voluntaria de un futuro Gobierno ruso. Se trata de una obligación del Estado que cometió la agresión. Las fuentes de pago deben ser la propiedad estatal rusa, los activos exteriores congelados, los ingresos de exportación, los futuros ingresos fiscales, los beneficios de las empresas públicas y una parte del valor de los bienes transferidos a los Estados sucesores en caso de desintegración de Rusia.

Mélnichenko propone restablecer la previsibilidad para el capital ruso y devolver gradualmente a Rusia a la economía internacional. Pero es imposible proteger primero la propiedad de los multimillonarios rusos, levantar las restricciones a las exportaciones y conceder a Moscú nuevas garantías de seguridad, para después dejar la reconstrucción de Ucrania a cargo de los contribuyentes europeos y ucranianos. El regreso a los mercados internacionales debe estar directamente vinculado con el reconocimiento de la deuda y el cumplimiento de un calendario de pagos establecido.

Rusia no puede conservar sus principales activos de materias primas, su estatus nuclear, su influencia internacional y la posibilidad de obtener ingresos del comercio, mientras declara al mismo tiempo que la destrucción de Ucrania es un episodio histórico ya cerrado. Una parte importante de los futuros ingresos rusos debe destinarse no a reconstruir su poder militar ni a recuperar el nivel de consumo anterior de la élite rusa, sino a compensar los daños causados por la guerra.

Sin embargo, Ucrania no es el único país frente al que Rusia tiene obligaciones.

Georgia también debe ocupar un lugar específico en cualquier sistema de liquidación con Rusia. Después de la guerra de 2008, Rusia mantuvo una presencia militar y política en Abjasia y Osetia del Sur. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que, tras el fin de la fase activa de las hostilidades, Rusia ejercía un control efectivo sobre esos territorios y era responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos.

La responsabilidad frente a Georgia ya no es únicamente una reivindicación política. En 2023, el Tribunal Europeo concedió una indemnización a las víctimas por las violaciones cometidas después de la guerra de 2008 y, en octubre de 2025, ordenó pagar más de 253 millones de euros adicionales por las violaciones sistémicas provocadas por la creación y el refuerzo de las líneas de separación alrededor de Abjasia y Osetia del Sur. Esta cantidad se refiere a violaciones concretas de los derechos de más de 29.000 personas y no constituye una evaluación completa de todos los daños causados por la guerra, la ocupación, la pérdida de bienes y la limitación de la actividad económica durante muchos años.

Por eso, la futura liquidación con Georgia deberá incluir no solo las decisiones judiciales ya adoptadas. Será necesaria una evaluación separada de los bienes destruidos o perdidos, del desplazamiento forzoso de la población, de los daños económicos, de las restricciones de acceso a las tierras y de las consecuencias del prolongado control ruso. La retirada de las tropas y el fin de la ocupación tampoco pueden sustituir a la compensación: poner fin a una violación no elimina la obligación de reparar las consecuencias de los actos ya cometidos.

Existe una cuestión análoga respecto de Moldavia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en repetidas ocasiones que Rusia ejercía un control efectivo sobre el régimen de Transnistria gracias a su apoyo militar, económico y político. Por consiguiente, el fin de la presencia rusa en Transnistria también debe ir acompañado del examen de las reclamaciones de Moldavia y de los ciudadanos perjudicados, y no limitarse a la retirada de las fuerzas rusas.

Pero la cuenta general de Rusia no se limita a los actos de la Federación de Rusia posteriores a 1991. Moscú continuó oficialmente la pertenencia de la URSS a la ONU, incluido el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y conservó una parte considerable de los derechos internacionales, los activos, la infraestructura militar y el estatus político soviéticos. En diciembre de 1991, Borís Yeltsin notificó a la ONU que la pertenencia de la Unión Soviética a todos los órganos de la organización continuaba a través de la Federación de Rusia.

Precisamente por eso, Rusia no puede utilizar la herencia soviética de manera selectiva. No puede considerarse continuadora de la URSS cuando se trata del asiento en el Consejo de Seguridad, la propiedad diplomática, el arsenal nuclear y el estatus de gran potencia, y declararse un Estado completamente nuevo cuando se discute la responsabilidad por las agresiones, ocupaciones, deportaciones y confiscaciones soviéticas.

Esto no significa que todas las reclamaciones históricas se conviertan automáticamente en deudas jurídicas actuales, establecidas e indiscutibles de la Rusia contemporánea. El derecho internacional de sucesión de Estados en materia de responsabilidad por antiguos actos ilícitos sigue siendo complejo y una parte de las cuestiones de posguerra fue regulada por tratados celebrados en condiciones políticas completamente diferentes. Por eso, cada reclamación debe examinarse por separado, teniendo en cuenta el derecho aplicable, los acuerdos celebrados, la duración de la violación, la naturaleza de los daños y los posibles plazos para presentar reclamaciones.

Pero la ausencia de una solución automática no significa la ausencia de responsabilidad.

Letonia, Lituania y Estonia estuvieron durante décadas bajo ocupación y anexión soviéticas, cuya legalidad no fue reconocida por varios Estados occidentales. Ya en 1983, el Parlamento Europeo condenó la ocupación soviética de los países bálticos y, posteriormente, documentos oficiales europeos y estadounidenses continuaron calificando su incorporación a la URSS como una ocupación y anexión ilegales.

En este caso, los daños no se limitan a la pérdida de la independencia estatal. Incluyen los bienes confiscados, la reestructuración forzosa de la economía, las deportaciones, la represión política, la destrucción de las instituciones, los cambios demográficos y la utilización del territorio en interés del centro soviético. Por eso, los países bálticos están legitimados para plantear la creación de un mecanismo internacional separado de evaluación de daños, y Rusia, como Estado que se apropió de los principales derechos y activos de la URSS, no puede simplemente negarse a participar en ese examen.

Finlandia tampoco debe desaparecer de este panorama. En 1939, la Unión Soviética atacó Finlandia, tras lo cual fue expulsada de la Sociedad de Naciones. Como resultado de la guerra, Finlandia perdió territorios, cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y los daños económicos y humanos recayeron sobre el Estado agredido.

Los tratados de posguerra modificaron las fronteras y fijaron un determinado resultado político, por lo que no puede declararse que exista automáticamente una reclamación jurídica contemporánea de Finlandia. Pero esto no elimina la cuestión de la responsabilidad histórica de la URSS y de su continuadora rusa. Si, después de la desintegración de Rusia, se crea un proceso internacional general para evaluar la herencia imperial soviética, Finlandia debe poder presentar reclamaciones relacionadas con la agresión soviética, las pérdidas territoriales, el desplazamiento de población y la confiscación de bienes.

La misma lógica se aplica a otros Estados de Europa Central y Oriental que sufrieron una ocupación soviética, una intervención militar o una limitación forzosa de su soberanía. Puede tratarse de Polonia, en cuyo reparto territorial participó la Unión Soviética en 1939 y donde es responsable de represiones masivas; de Hungría, donde las tropas soviéticas aplastaron la insurrección de 1956; de Checoslovaquia, invadida en 1968; así como de otros países y territorios cuyos sistemas políticos y economías estuvieron subordinados durante décadas al centro soviético.

Al mismo tiempo, el futuro sistema de compensación no debe convertirse en una presentación arbitraria de una factura histórica ilimitada a todos los Estados sucesores. Las reclamaciones deben estar respaldadas por documentos, ser evaluadas por comisiones independientes y diferenciarse según la naturaleza de los daños. Es necesario separar las obligaciones actuales, ya reconocidas por tribunales internacionales, de las reclamaciones históricas para las que todavía deberá crearse un procedimiento jurídico.

Ucrania, Georgia y los demás países en los que las violaciones rusas continúan o pertenecen al periodo contemporáneo y ya están siendo examinadas por instituciones internacionales deben seguir siendo prioritarios. Las reclamaciones históricas relacionadas con la URSS deben constituir un ámbito separado: una comisión sobre las ocupaciones, confiscaciones, deportaciones e intervenciones militares soviéticas. Esta deberá establecer la lista de Estados perjudicados, verificar las pruebas, determinar las formas de compensación y decidir qué parte de las obligaciones debe recaer sobre Rusia o sobre su principal sucesor político y patrimonial.

Si Rusia se desintegra, la desaparición de la Federación de Rusia no debe hacer desaparecer sus deudas. Los Estados sucesores no pueden recibir territorio, infraestructuras, recursos naturales, activos exteriores y participaciones en empresas públicas mientras rechazan al mismo tiempo las obligaciones del antiguo Estado. La distribución de la responsabilidad debe tener en cuenta el valor de los bienes heredados, la población, el potencial económico, la participación de las autoridades regionales en la agresión y qué nuevo Estado conservará las instituciones moscovitas, la mayor parte del ejército y la representación internacional.

La mayor parte de la deuda rusa actual debe transferirse al Estado que se convierta en el principal continuador de la Federación de Rusia. Si conserva Moscú como capital, la mayor parte de los órganos federales, los activos exteriores, las empresas de materias primas y el lugar de Rusia en las organizaciones internacionales, precisamente ese Estado no podrá declarar que es ajeno a las obligaciones del antiguo régimen.

Los demás Estados sucesores también deben participar en la liquidación en la medida en que reciban una parte de la herencia estatal rusa. Sin embargo, su responsabilidad no tiene por qué ser idéntica. Un territorio que se haya liberado de Moscú, que no controlaba la política exterior y que no recibe una parte importante de los activos federales no puede responder automáticamente en la misma proporción que el principal sucesor moscovita.

Por consiguiente, no se trata de castigar colectivamente a la población de la antigua Rusia. Se trata del principio según el cual los activos estatales y las obligaciones del Estado no pueden separarse. Recibir bienes genera una parte correspondiente de responsabilidad.

Esto es precisamente lo que falta en el programa de Mélnichenko. Explica con detalle cómo proteger a la futura Rusia frente a China, la desintegración, la humillación y el aislamiento internacional, pero casi no dice nada sobre cómo compensará Rusia los daños causados a otros países. En su construcción, el mundo debe ayudar a crear un Moscú más previsible, reconocer su soberanía, preservar su industria y garantizarle un lugar en el sistema internacional.

Este orden de prioridades es inaceptable.

Primero deben terminar la agresión y la ocupación, devolverse los territorios capturados, reconocerse las deudas y crearse mecanismos de pago. Solo después será posible discutir el regreso gradual del Estado ruso o de sus sucesores a unas relaciones económicas y políticas plenas.

Rusia no puede simplemente terminar la guerra y declarar que ahora hay que pensar en su futuro. Su futuro es inseparable del futuro de los países a los que ha causado daños.

Ucrania debe ser la primera y principal beneficiaria de las reparaciones. Existen obligaciones contemporáneas específicas frente a Georgia, y Moldavia y otros Estados afectados pueden presentar reclamaciones. Después deberá abrirse un procedimiento de evaluación de la herencia soviética: ocupación de los países bálticos, ataque a Finlandia, violencia y confiscaciones en Polonia, aplastamiento de Hungría y Checoslovaquia y otros actos del sistema soviético.

Durante décadas, Rusia se benefició del estatus, los bienes y el poder militar de la URSS. No puede heredar únicamente los derechos y negarse a discutir las deudas.

La Rusia de posguerra o sus Estados sucesores deben entrar en el sistema internacional no como una parte a la que se conceden nuevamente garantías y se perdona el pasado, sino como deudores obligados a cumplir sus compromisos con las víctimas de las agresiones rusa y soviética.

Qué ocurrirá con las deudas rusas después de la desintegración

Si la Federación de Rusia deja de existir en su forma actual, esto no debe significar la desaparición de sus obligaciones internacionales. La desintegración de un Estado modifica el mapa político, pero no anula por sí misma los daños causados por ese Estado, las decisiones judiciales, las reclamaciones de las víctimas ni la obligación de pagar compensaciones. De lo contrario, la desintegración podría convertirse en un medio para conservar los bienes del Estado agresor y, al mismo tiempo, librarse de sus deudas.

El problema consiste en que, después de la desintegración, no necesariamente aparecerá un único sucesor evidente al que se transfieran automáticamente todos los activos y obligaciones de la Federación de Rusia. Pueden surgir varios Estados diferentes por su territorio, población, potencial económico, volumen de bienes heredados y grado de participación en el antiguo sistema. Algunos podrían conservar los órganos federales, la mayor parte del ejército, las representaciones diplomáticas y las empresas públicas. Otros serían creados por regiones que durante décadas estuvieron sometidas a una dependencia financiera y política respecto de Moscú y no controlaban la política exterior rusa.

Por eso, sería incorrecto distribuir la responsabilidad entre todos los nuevos Estados en proporciones idénticas. Pero sería igualmente incorrecto permitir que cada uno de ellos declarara que la guerra, las ocupaciones y las demás violaciones fueron cometidas por un Estado desaparecido y que, por consiguiente, ya no existe nadie que deba responder. Con ese enfoque, la propiedad estatal rusa tendría nuevos propietarios, mientras que las obligaciones frente a los países y ciudadanos perjudicados quedarían sin deudor.

El reparto debe afectar no solo al territorio y a las competencias, sino también a toda la herencia estatal. Esta incluye las reservas de oro y divisas, los bienes inmuebles en el extranjero, las participaciones en empresas públicas, la infraestructura petrolera y gasística, las redes de transporte, las empresas exportadoras, los bienes militares, los ingresos fiscales, las reclamaciones internacionales y las obligaciones de compensar los daños. Un Estado que reciba una parte de los activos de la Federación de Rusia debe aceptar una parte correspondiente de sus deudas.

Esto no significa que el volumen de responsabilidad pueda determinarse mediante una simple operación aritmética, por ejemplo dividiendo la deuda total proporcionalmente a la población o a la superficie de los nuevos países. Una solución de este tipo no tendría en cuenta la distribución real de la propiedad y del poder. Un Estado pequeño puede recibir grandes yacimientos, infraestructura de exportación o una parte importante de los activos federales. Un territorio más poblado, por el contrario, puede no recibir prácticamente ningún bien que generara ingresos para el antiguo Estado.

Por eso, la distribución de las obligaciones debe tener en cuenta varios factores: el valor de los activos heredados, el volumen de recursos naturales, el potencial económico, la proporción de la población, el control de las antiguas instituciones federales, la participación de las autoridades regionales en la guerra y qué Estado se convertirá en el principal continuador de la Federación de Rusia en las relaciones internacionales.

La mayor parte de la responsabilidad debe transferirse al Estado que conserve el núcleo político y patrimonial de la antigua Rusia. Si una nueva república rusa con centro en Moscú hereda los órganos federales, la mayor parte de los activos exteriores, las empresas públicas, las fuerzas armadas y la red diplomática, será precisamente ella la que deba asumir la mayor parte de las obligaciones rusas contemporáneas. No podrá reivindicar al mismo tiempo el estatus internacional de Rusia y declarar que no responde por los actos del Estado ruso.

En la práctica internacional, resulta especialmente peligrosa la posibilidad de una sucesión selectiva, en la que el nuevo Estado acepta únicamente los elementos ventajosos de la herencia. Puede intentar conservar un lugar en las organizaciones internacionales, el derecho sobre la propiedad diplomática, el control de las empresas exportadoras y el acceso a los activos congelados, pero rechazar las decisiones judiciales y las reclamaciones de compensación. Este enfoque debe excluirse de antemano: los derechos y las obligaciones del Estado no pueden considerarse por separado.

La situación de las regiones que se liberen del control de Moscú debe evaluarse de otra manera. Si un territorio no participó en la formación de la política exterior, no controlaba el ejército y no recibe una parte significativa de la propiedad federal, imponerle la misma responsabilidad que al principal sucesor moscovita sería injusto. Esto se aplica con mayor razón a los pueblos y regiones que se opusieron a la guerra o sufrieron una explotación colonial interna.

Sin embargo, liberarse de Moscú tampoco debe convertirse en un medio para ocultar activos de la antigua Federación de Rusia. Si un nuevo Estado recibe yacimientos, instalaciones de transporte, empresas u otros bienes públicos, su valor debe tenerse en cuenta al determinar su participación en el sistema de compensación. En este caso, la responsabilidad no surge porque los habitantes de la región hayan tomado personalmente las decisiones sobre la guerra, sino porque el Estado recibe una parte de la herencia patrimonial del antiguo sistema.

La distribución de las deudas exigirá un acuerdo internacional de sucesión y no una serie de declaraciones unilaterales de los nuevos gobiernos. En este proceso deben participar los Estados sucesores, los países perjudicados, las instituciones financieras internacionales y los órganos de compensación. Una comisión independiente deberá elaborar una lista completa de los activos y las obligaciones rusas, determinar el sucesor principal y calcular las participaciones de los demás Estados.

Este acuerdo no debe abarcar únicamente las reparaciones a Ucrania. Debe tener en cuenta las obligaciones frente a Georgia, Moldavia, determinados ciudadanos y empresas, así como otras reclamaciones reconocidas por tribunales internacionales o por futuras comisiones de compensación. Las reclamaciones históricas relacionadas con los actos de la URSS deben examinarse dentro de un marco jurídico separado, porque sus fundamentos, sus pruebas y su método de cálculo difieren de las obligaciones surgidas como resultado de la agresión rusa contemporánea.

La participación en el sistema de compensación debe convertirse en una de las condiciones del reconocimiento internacional de los Estados sucesores. Un nuevo país no debe obtener acceso a los mercados europeos, a la financiación internacional, a la protección de inversiones ni a los activos rusos descongelados mientras no reconozca la parte de las obligaciones que le haya sido asignada. Esto es necesario no para castigar a la población, sino para impedir una situación en la que la propiedad rusa se registre rápidamente a nombre de nuevos Estados y estructuras privadas, haciendo después casi imposible el cobro de las compensaciones.

Los antiguos propietarios rusos tampoco deben utilizar la desintegración para separar la propiedad de las obligaciones. Si una gran empresa estaba vinculada con el Estado y obtenía ventajas gracias al acceso a los recursos, a la infraestructura o a las decisiones políticas, sus activos pueden convertirse en parte del mecanismo de pago. Esto se aplica especialmente a la propiedad estatal, a las empresas que participaron en la financiación de la guerra y a los bienes de las personas estrechamente vinculadas con el poder ruso.

Al mismo tiempo, el sistema de compensación debe distinguir la responsabilidad del Estado de la culpa colectiva de la población. Una persona corriente no debe perder su vivienda o sus bienes personales únicamente porque vivió en el territorio de la Federación de Rusia. Las principales fuentes de pago deben ser los activos públicos, los ingresos procedentes de los recursos naturales, los beneficios de las empresas públicas, los bienes de las personas responsables y una parte de los futuros ingresos de exportación.

La desintegración de Rusia debe significar el reparto no solo del territorio imperial, sino también del patrimonio imperial. Y el reparto de los bienes debe ir inevitablemente acompañado de una distribución de las deudas. La desaparición del antiguo nombre del Estado no puede borrar las reclamaciones de las personas y de los países que sufrieron sus actos.

Por qué la responsabilidad rusa no se limita a la reconstrucción de edificios

La determinación del volumen de la deuda rusa no puede reducirse al coste de las viviendas, carreteras, centrales eléctricas y empresas destruidas. Los daños físicos son los más fáciles de ver y evaluar, pero constituyen solo uno de los niveles de las consecuencias de la guerra. Si la compensación se limita al coste de las nuevas construcciones, una parte importante de las pérdidas reales de Ucrania y de su población quedará sin pagar.

Cuando se destruye un edificio de viviendas, los daños no se limitan a los gastos necesarios para levantar un nuevo inmueble. Las personas pierden muebles, documentos, objetos personales, equipos, ahorros y su entorno habitual. Se ven obligadas a buscar alojamiento temporal, cambiar de trabajo, trasladar a sus hijos y empezar de nuevo en otra ciudad o en otro Estado. Aunque la vivienda sea reconstruida algunos años después, los años perdidos, los vínculos sociales destruidos y el peligro sufrido no desaparecen.

La destrucción de una empresa tampoco puede evaluarse únicamente por el coste de sus edificios y equipos. La paralización de la producción significa la pérdida de contratos, clientes, mercados de exportación, ingresos fiscales y equipos profesionales. Los trabajadores pierden sus ingresos y sus cualificaciones, los proveedores pierden pedidos, los presupuestos locales pierden ingresos y el Estado pierde una parte de su potencial económico. Una empresa puede reconstruirse, pero recuperar su posición anterior en el mercado es mucho más difícil.

Las pérdidas humanas constituyen una categoría separada. En caso de muerte, ninguna compensación puede devolver a la familia la vida que tenía antes, pero el Estado agresor sigue obligado a responder por la pérdida de ingresos, la manutención de los hijos, los gastos de la familia y el daño moral causado. En caso de lesiones graves, deben tenerse en cuenta no solo los costes del tratamiento inicial, sino también años de rehabilitación, prótesis, medicamentos, cuidados, pérdida de la capacidad laboral y adaptación de la vivienda.

Las consecuencias de la guerra cambian la vida no solo de la víctima directa, sino también de su familia. Los familiares pueden verse obligados a abandonar su empleo para prestar cuidados. Los niños crecen después de perder a uno de sus padres o con un miembro de la familia gravemente discapacitado. Estas consecuencias se prolongan durante décadas y deben formar parte de la evaluación total de los daños.

Los desplazamientos forzosos masivos también generan pérdidas que no pueden medirse únicamente por el coste de alojar a los refugiados. Ucrania pierde trabajadores, especialistas, empresarios, estudiantes y futuros contribuyentes. Una parte de las personas que se marcharon no regresará ni siquiera después del final de la guerra, porque habrá creado familias y vínculos económicos en otros países. Esto significa una reducción a largo plazo de la población, de la demanda interna y de las posibilidades de desarrollo económico.

Los países que acogieron a refugiados ucranianos también soportan gastos adicionales. Financian vivienda, educación, asistencia médica, apoyo social y programas de integración. Estos costes no surgieron como resultado de una migración voluntaria, sino como consecuencia directa de la agresión rusa. Por eso, la cuestión de la compensación no debe limitarse a las relaciones entre Rusia y Ucrania: los gastos reconocidos de otros Estados también pueden formar parte de las reclamaciones internacionales.

El desminado constituye una obligación separada que se prolongará durante muchos años. Un territorio minado sigue siendo peligroso después del fin de las hostilidades. La tierra no puede utilizarse para la agricultura, la construcción o la industria, mientras las personas continúan muriendo o resultando heridas. Deben tenerse en cuenta el coste de detectar y destruir las municiones, la pérdida de ingresos procedentes de las tierras inutilizables y la posterior atención médica a las víctimas.

Los daños medioambientales tampoco pueden reducirse a la reparación de instalaciones concretas. La contaminación del suelo y del agua, la destrucción de bosques, los daños a las zonas protegidas, la inundación de minas, la destrucción de instalaciones industriales y las fugas de sustancias peligrosas pueden afectar a la salud y a la economía de varias generaciones. La restauración de la naturaleza suele requerir mucho más tiempo que la reconstrucción de la infraestructura y algunas consecuencias pueden ser irreversibles.

La destrucción del sistema energético desencadena una reacción en cadena de pérdidas. El coste de una central eléctrica o de una subestación constituye solo la primera parte de los daños. Los cortes provocan la paralización de empresas, el deterioro de equipos y mercancías, la reducción de la producción, el cierre de pequeños negocios y el aumento de los gastos de los hogares. Los hospitales, las escuelas y los servicios públicos se ven obligados a utilizar fuentes de energía de reserva, mientras que el Estado debe comprar equipos y energía a precios más elevados.

La misma lógica se aplica a la infraestructura de transporte. Un puente destruido no afecta únicamente al coste del transporte. Modifica las rutas, aumenta los tiempos de entrega, eleva los precios y limita el acceso a los puestos de trabajo y a los centros médicos. Las pérdidas se extienden por toda la economía y continúan hasta que se restablece el funcionamiento normal de la red de transporte.

También deben tenerse en cuenta los daños al patrimonio cultural. Los museos, archivos, bibliotecas, templos y edificios históricos destruidos no siempre pueden reconstruirse en su forma original. La pérdida de bienes culturales afecta a la memoria nacional, la educación, el turismo y la identidad de la sociedad. Su valor no puede determinarse únicamente por el precio de los materiales de construcción.

Los futuros gastos de seguridad de Ucrania constituyen otro elemento de la deuda rusa. Incluso después del final de la guerra, el país se verá obligado a mantener unas fuerzas armadas más grandes, reforzar sus fronteras, construir instalaciones defensivas, desarrollar la defensa antiaérea y conservar una preparación permanente frente a una nueva agresión. Estos gastos surgieron como consecuencia de los actos de Rusia y deben tenerse en cuenta al determinar las obligaciones a largo plazo.

Por eso, la suma de los daños físicos y el coste de la reconstrucción no constituyen la factura definitiva. Reflejan únicamente la parte de las pérdidas que puede vincularse directamente con los bienes destruidos. La responsabilidad completa incluye los daños humanos, económicos, medioambientales, culturales y demográficos, así como los gastos que Ucrania y otros Estados deberán soportar después del fin de la guerra.

Mélnichenko explica cómo hacer que la futura Rusia sea segura, económicamente desarrollada y atractiva para vivir. Pero la sociedad rusa no puede ser la primera en recibir los beneficios de la reconstrucción de posguerra mientras el Estado no haya empezado a pagar por las vidas que destruyó en otros países.

Los futuros ingresos rusos no deben destinarse en primer lugar a recuperar el nivel de consumo anterior, reconstruir la industria militar o proteger las fortunas del gran capital. Una parte importante debe utilizarse para compensar los daños, reconstruir los países afectados y ejecutar las decisiones de los órganos internacionales.

Solo después de reconocer estas deudas y comenzar a pagarlas será posible discutir el regreso pleno de Rusia o de sus Estados sucesores al sistema económico internacional. El final de la guerra detiene las destrucciones futuras, pero no anula las consecuencias de lo que ya se ha cometido.

Por qué Europa no debe volver a pagar por conservar Rusia

En la propuesta de Andréi Mélnichenko existe otro cálculo que no formula de manera directa. Su proyecto no está dirigido de la misma manera a toda Europa. Comprende que en Polonia, los países bálticos, Finlandia, Suecia, Noruega y otros Estados del nordeste de Europa, el discurso sobre una Rusia «razonable», «renovada» y «previsible» generará mucha menos confianza. Estos países saben demasiado bien cómo utiliza Moscú los periodos de debilidad, la retórica pacífica y la cooperación económica para recuperar sus fuerzas y ejercer después nuevas presiones sobre sus vecinos.

Por eso, los principales destinatarios de un programa de este tipo son los círculos políticos y empresariales de Alemania, Francia, Italia y algunos otros países de Europa Occidental. A ellos se les propone un acuerdo conocido: renunciar a la idea de la desintegración de Rusia, ayudar a conservar un centro único, restablecer gradualmente el comercio y recibir a cambio un Estado controlable que ya no actuaría de una manera tan brutal e imprevisible.

En realidad, Mélnichenko cuenta con que una parte de las élites de Europa Occidental vuelva a aceptar la comodidad como sustituto de la seguridad. Les propone creer que el problema no residía en la construcción rusa, sino en una mala dirección, en la influencia excesiva de las estructuras de fuerza y en la exclusión de los profesionales de los negocios del proceso de toma de decisiones. Si se devolviera al sistema a los grandes propietarios, a los tecnócratas y a las personas capaces de calcular las consecuencias económicas, Rusia supuestamente se volvería más racional y, por tanto, menos peligrosa.

Este cálculo parece partir de la idea de que los políticos alemanes, franceses e italianos volverán a ser considerados personas a las que basta con ofrecer materias primas baratas, un gran mercado, contratos previsibles y una promesa de estabilidad para que dejen de plantear las preguntas más incómodas. ¿Quién controlará el ejército ruso? ¿Por qué debe conservarse el arsenal nuclear? ¿Quién pagará las deudas con Ucrania, Georgia y otros Estados perjudicados? ¿Por qué las regiones deben permanecer bajo el poder de Moscú? ¿Qué impedirá que el nuevo sistema reconstruya su capacidad militar y vuelva a ejercer presión dentro de unos años?

Mélnichenko no puede ignorar que Polonia, los países bálticos y los Estados escandinavos formularán precisamente estas preguntas. Su actitud política hacia Rusia no se formó a partir de razonamientos teóricos, sino de la experiencia histórica de vecindad con el Imperio ruso, la Unión Soviética y la actual Federación de Rusia. Vieron cómo Moscú celebraba acuerdos, reconocía fronteras y prometía no intervenir, para después declarar que los acuerdos anteriores eran injustos, temporales o impuestos.

Letonia, Lituania y Estonia saben que las declaraciones rusas sobre seguridad pueden significar la exigencia de limitar la soberanía de los vecinos. Polonia sabe que las propuestas rusas de acuerdo pueden combinarse con el reparto de territorios y la posterior negación de responsabilidad. Finlandia sabe que los acuerdos formales no excluyen un ataque militar si Moscú decide que modificar las fronteras responde a sus intereses. Suecia y Noruega comprenden que la política militar rusa no se basa únicamente en la invasión directa, sino también en la presión permanente, las demostraciones de fuerza, la actividad de inteligencia y la utilización de la incertidumbre estratégica.

Estos países no necesariamente valorarán de la misma manera todos los escenarios sobre el futuro de Rusia. Pero aceptan mucho menos la idea de que bastaría con sustituir a Putin por una dirección más razonable y conservar el resto de la construcción. Para ellos, el problema no reside solo en la personalidad del presidente ruso, sino en la capacidad de un centro moscovita unificado para volver a concentrar recursos, reconstruir el ejército y subordinar la política interior a la idea de gran potencia.

En Alemania, Francia e Italia, otro enfoque ha sido históricamente más fuerte. Una parte importante de sus élites políticas y empresariales se acostumbró a considerar a Rusia como un socio difícil, pero inevitable. Su inmenso territorio, sus recursos energéticos, sus armas nucleares y su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU crearon la idea de que Rusia no podía cambiarse, pero era necesario llegar a acuerdos con ella.

De esta idea surgió una política según la cual la interdependencia económica debía volver gradualmente más previsible al poder ruso. El comercio, las inversiones, los proyectos energéticos y la participación del capital ruso en la economía europea se consideraban instrumentos de estabilización. Se suponía que un Estado estrechamente vinculado al mercado europeo no destruiría el sistema del que obtenía ingresos.

Este cálculo fracasó. El poder ruso utilizó los ingresos del comercio y de la exportación de recursos no solo para elevar el nivel de vida, sino también para financiar el ejército, el aparato coercitivo y la presión exterior. El vínculo económico no cambió la forma del sistema ruso. Le proporcionó recursos adicionales.

Mélnichenko propone restablecer aproximadamente el mismo modelo, pero con otra composición de los dirigentes. Ahora, la garantía de racionalidad no sería el propio mercado, sino el gran capital ruso. Se supone que los multimillonarios y los directivos de las grandes corporaciones impedirían una nueva guerra catastrófica porque esta destruye su propiedad, sus relaciones internacionales y su capacidad para utilizar el capital.

Pero este argumento ya ha sido refutado por la historia rusa de las últimas décadas. El gran capital no pudo detener la guerra, no pudo proteger su propiedad frente al Estado y no creó una institución política independiente capaz de limitar al presidente. Los multimillonarios rusos existían gracias al sistema y dentro de él. Su fortuna no se convirtió en un contrapeso al poder, porque el derecho de propiedad dependía del mismo poder central.

Ahora Mélnichenko propone a Europa Occidental creer que, después de la catástrofe, el gran capital podrá convertirse de repente en una limitación para el Estado ruso. Pero para ello no existen ni un poder judicial independiente, ni una competencia política protegida, ni una federación real, ni un sistema de separación de poderes. Se propone conservar el mismo centro único, incorporando al círculo de quienes toman las decisiones a personas capaces de comprender mejor las consecuencias económicas.

Esto podría hacer a Rusia no menos, sino más peligrosa. El actual sistema de Putin destruye su propia economía mediante la corrupción, la represión, el aislamiento tecnológico y las decisiones equivocadas. Una Rusia administrada de manera más profesional podría reconstruir más rápidamente su industria, sus exportaciones, su presupuesto y sus capacidades militares. Si al mismo tiempo conserva su territorio, sus recursos naturales, sus armas nucleares y su poder centralizado, Europa no recibirá una Rusia neutralizada, sino una versión más eficiente del antiguo Estado.

En realidad, se propone a los países de Europa Occidental que vuelvan a pagar por la reconstrucción rusa. Durante décadas, Europa ya compró materias primas rusas y llenó así el presupuesto de un Estado que después utilizó los recursos acumulados para hacer la guerra. Ahora se le propone que, una vez terminada la guerra, vuelva a abrir los mercados, restablezca las inversiones, levante las restricciones y conceda protección a la propiedad rusa.

Al mismo tiempo, Europa tendrá que financiar gastos completamente diferentes. Deberá participar en la reconstrucción de Ucrania, apoyar a los refugiados ucranianos, rearmar sus propios ejércitos, reforzar la frontera oriental, desarrollar la defensa antiaérea y mantener durante décadas un elevado nivel de preparación militar. Los países europeos ya están pagando y seguirán pagando durante mucho tiempo las consecuencias de la agresión rusa.

Si, al mismo tiempo, Rusia conserva sus principales activos estatales, los ingresos procedentes de los recursos naturales, su arsenal nuclear, su sistema industrial y su estatus internacional, la distribución de los costes será extremadamente favorable para la élite rusa. Rusia obtendrá la posibilidad de reconstruir su economía. El capital ruso recibirá protección. Moscú obtendrá un nuevo acuerdo internacional. Y Ucrania y los contribuyentes europeos pagarán por la destrucción cometida por el Estado ruso.

Esto es precisamente lo que Europa no debe permitir.

Los activos rusos y los futuros ingresos deben utilizarse primero para pagar las deudas con los Estados perjudicados. Solo después podrá discutirse la normalización del comercio y la protección de la propiedad rusa. El mercado europeo no debe abrirse a cambio de una promesa de buena conducta. El acceso debe vincularse a obligaciones concretas: pago de reparaciones, renuncia al chantaje nuclear, reducción del potencial militar, reconocimiento de las fronteras de los Estados vecinos e imposibilidad de reconstruir una vertical imperial unificada.

Resulta especialmente peligroso volver a oponer una Europa Occidental «pragmática» a una Europa Oriental «emocional». Durante muchos años, las advertencias de Polonia, de los países bálticos y de los Estados del norte fueron presentadas a menudo como resultado de un trauma histórico, de un miedo nacional o de una desconfianza excesiva. Al mismo tiempo, la política de Alemania, Francia e Italia se describía como más madura y racional porque se basaba en el diálogo, el comercio y el mantenimiento de canales de cooperación.

Pero fueron precisamente los países más próximos a Rusia los que evaluaron con mayor exactitud la naturaleza de su sistema. Sus advertencias no se basaban en una hostilidad irracional, sino en la comprensión del mecanismo de la política rusa. Moscú interpreta las concesiones no como base de una limitación recíproca, sino como prueba de la debilidad de la otra parte. Utiliza la dependencia económica como instrumento de presión. Respeta los acuerdos de paz mientras su violación no le parezca ventajosa. Explica la centralización interior por una amenaza exterior y la expansión exterior por las necesidades de su propia seguridad.

Mélnichenko probablemente comprende que será mucho más difícil convencer a las élites polacas, bálticas y nórdicas de que una Rusia conservada sería segura. Por eso, su mensaje está dirigido ante todo a los países en los que sigue existiendo el deseo de volver a la normalidad: comerciar de nuevo, reducir los gastos militares, restablecer relaciones energéticas previsibles y dejar de vivir en condiciones de crisis permanente.

Es precisamente ese deseo el que convierte en un recurso político.

A Europa Occidental se le ofrece una ilusión atractiva: Rusia puede seguir siendo grande, unida, nuclear y soberana y, al mismo tiempo, dejar de ser una amenaza si es administrada por personas más racionales. Mientras tanto, el desarme, la división del territorio imperial, la revisión de la propiedad y las obligaciones de compensación por billones se presentan como fuentes de caos que sería más razonable evitar.

Pero el caos ya fue creado no por la desintegración de Rusia, sino por su conservación. La guerra, la migración masiva, la destrucción de Ucrania, el aumento de los gastos militares europeos, la crisis energética y la amenaza de escalada nuclear son consecuencias de la existencia de un Estado ruso unificado, no de su desaparición.

Por eso, Europa no debe volver a elegir la comodidad en lugar de la seguridad. No debe aceptar la conservación de Rusia únicamente porque su desmantelamiento será complejo, costoso y peligroso. Conservar el imperio también tiene un precio, y Europa ya ha comenzado a pagarlo.

Mélnichenko propone en realidad a los Estados de Europa Occidental que vuelvan a confiar en la élite rusa y vuelvan a financiar su reconstrucción. Parte de la idea de que los políticos alemanes, franceses e italianos preferirán un acuerdo previsible a una revisión compleja de toda la construcción rusa.

Pero Polonia, los países bálticos y los Estados del norte ya conocen el precio de esa previsibilidad. Comprenden que Rusia utiliza los periodos de paz para recuperar fuerzas y la cooperación económica para fortalecer un Estado que después vuelve a exigir el reconocimiento de derechos especiales sobre los territorios vecinos.

La política europea debe basarse no en la esperanza de que la siguiente Rusia sea más razonable, sino en la imposibilidad de que la siguiente Rusia repita el mismo camino.

Esto significa que Rusia no puede conservar todas las ventajas de una gran potencia dejando a Europa los gastos creados por su agresión. No debe conservar el arsenal nuclear, los principales activos estatales, los ingresos de exportación y el control sobre las regiones únicamente porque a los gobiernos de Europa Occidental les resulte más cómodo tratar con un solo centro.

Europa ya pagó una vez por la idea equivocada de que el comercio y el diálogo podían hacer segura al imperio ruso. No debe pagar una segunda vez por su conservación.

 

La cuestión principal no es cómo conservar Rusia

Después de todos los razonamientos de Mélnichenko, queda una pregunta fundamental: ¿por qué el futuro de las personas que viven en el territorio de la actual Federación de Rusia debe considerarse exclusivamente como el futuro de Rusia?

Esta formulación ya contiene una respuesta prefabricada. El Estado debe conservarse, mientras todo lo demás —el sistema político, la distribución de la propiedad, los derechos de las regiones y la situación de la persona— solo puede modificarse dentro de unas fronteras fijadas de antemano. Incluso el debate sobre otra organización comienza no con los intereses de las personas, sino con el miedo a la desaparición del Estado.

Pero un Estado no posee un derecho autónomo a existir eternamente. Solo está justificado mientras crea seguridad, protege la libertad y depende de la elección de la sociedad. Si somete sistemáticamente a las regiones, destruye la competencia política, libra guerras de conquista y convierte a la población en un recurso para conservar su propio poder, su integridad territorial deja de ser un valor incondicional.

Esto es precisamente lo que Mélnichenko evita. Discute la calidad de la futura administración rusa, pero no el derecho de las personas a rechazar la propia construcción rusa. Admite la posibilidad de modificar el régimen, las relaciones entre el Estado y las empresas, la política exterior y el modelo económico, pero conservar un centro único sigue siendo una condición que no puede discutirse.

Por eso, su proyecto no puede considerarse un proyecto de futuro para las personas. Es un proyecto de futuro para el Estado y para la élite interesada en su continuidad. A las personas se les ofrecen mejores condiciones, reglas más previsibles y un poder menos destructivo, pero no se les concede lo principal: el derecho a decidir por sí mismas en qué Estado vivirán y a quién debe pertenecer el poder político.

Un verdadero orden de posguerra debe partir del principio contrario. No son los territorios ni los símbolos estatales los que determinan el destino de la persona; son las personas las que determinan las fronteras, las instituciones y la forma del Estado. Allí donde las sociedades decidan crear países independientes, esa decisión debe ser reconocida. Allí donde varios Estados deseen voluntariamente conservar un mercado común, un sistema de transporte o una unión política, esa asociación podrá existir sobre una base contractual y no bajo el poder de Moscú.

Por eso, la comunidad internacional no debe decidir de antemano que Rusia debe conservarse necesariamente. Su tarea es distinta: impedir guerras entre los nuevos Estados, garantizar el control de las armas peligrosas, proteger a la población civil, establecer las reglas de sucesión y no permitir que desaparezcan las obligaciones del antiguo Estado.

Mélnichenko propone comenzar por conservar Rusia y después buscar para ella una forma más razonable. Pero el orden correcto es el inverso. Primero deben garantizarse la libertad de las personas, la seguridad de los Estados vecinos, el pago de las deudas y la imposibilidad de repetir la agresión. Solo después, las sociedades situadas en el territorio de la actual Rusia podrán decidir por sí mismas qué Estados y qué uniones necesitan.

El futuro no está obligado a llamarse Rusia. Está obligado a ser libre.

 

Iv.Spolan
Autor del modelo «La ley fundamental de la economía política»